La Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, en estrecha colaboración con la Unidad de Delitos Fiscales y la Unidad de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, han llevado a cabo una extensa operación a nivel nacional contra una red organizada con estructura horizontal dedicada al tráfico de información y datos de carácter personal y empresarial a gran escala, a modo de red de información privada dedicada a la compra y venta ilegal  de información para su utilización en chantajes, coacciones y/o espionaje industrial.

Se investiga la presunta participación en delitos de intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y cohecho.

Por cada declaración de la renta se cobraban 1.500 euros, por una declaración a terceros de una empresa hasta 3.000 euros, y por informes completos se llegaban a pagar hasta 30.000 euros, lo que indica los beneficios económicos obtenidos por esta organización fraudulenta.

Se han practicado 46 registros, de ellos, 35 en Cataluña, 3 en Madrid, 3 en País Vasco, 2 en Galicia, 2 en Valencia y 1 en Cantabria.

La operación se ha saldado con la detención de 88 personas,  de ellas, 33 en Barcelona que era el epicentro de la organización y con “vocación de expansión” prolongaba sus tentáculos y conexiones por el territorio nacional a modo de “tela de araña”.

Los arrestados son principalmente detectives privados (40 de ellos), que contaban con empleados públicos (15), trabajadores de empresas de telefonía, empresarios, profesionales de gestorías y particulares.

 Los hechos incurridos están relacionados con el tráfico ilícito y compraventa de datos los cuales se utilizaban en contra de la privacidad de las personas y  hacer investigaciones para posteriores operaciones ilícitas a nivel personal y de empresas.

La tipología de los datos con los que se comercializaban abarcaban desde matrículas de vehículos para su localización y seguimiento hasta historiales médicos completos o expedientes de la Agencia Tributaria. Estos datos otorgarían a sus poseedores una situación preferente y ventajosa frente a otras empresas de la competencia.

El objetivo final de esta red era realizar investigaciones personales y empresariales ilícitas y tráfico comercial, una vez con los datos obtenidos de forma ilegal en sus manos, la red de corrupción seleccionaba sus objetivos, recopilaba la información necesaria con seguimientos e investigación y posteriormente utilizaba todo el material recopilado para identificar los objetivos susceptibles para chantajes y coaccionar a empresas y a las personas, para el blanqueo de capital y como información mercantil y de la competencia.